Fátima Fernández Christlieb | México 1983 | Panorama de los medios informativos al inicio de la reforma política

Fátima Fernández Christlieb | México  1983 |Panorama de los medios informativos al inicio de la reforma política*

Para 1977, cuando se anuncia la reforma política, la estructura general de los medios de difusión masiva no permite la expresión de las distintas corrientes ideológicas existentes en el país. Los únicos emisores de mensajes informativos se encuentran en la burocracia política o en los grupos empresariales. Resultaba contradictorio con este marco plantear la participación política de nuevos grupos sin la existencia de canales de expresión. De aquí que se anunciaran modificaciones en el ámbito de la difusión masiva que en el terreno de los medios escritos se facilitara el establecimiento de una cooperativa con las características de unomásuno.

Este nuevo diario, surgido en el mismo año en que se comienza a instrumentar la reforma política, cobra fuerza por tres razones: la primera, porque su director, periodista muy experimentado, demostró que un requerimiento para abrirse campo entre la decena de periódicos diarios editados en la capital, estribaba en romper con la uniformidad prevaleciente en la prensa nacional; esto lo logra primeramente modificando formato y distribución de noticias y estimulando una nueva generación de periodistas y cronistas al tiempo que prescinde en lo posible de los boletines oficiales. La segunda razón de la aceptación del público lector fue su vinculación con el antiguo Excélsior (cuyo espacio vino a cubrir), la inequívoca postura liberal y la solidaridad con los movimientos democráticos. Y la tercera razón por la que cobró fuerza fue la necesidad de contar con canales institucionales de expresión para la disidencia.

Al año siguiente de la aparición de este diario y como acto de gobierno que contradice los postulados del derecho a la información, se distribuye en las dependencias oficiales un documento titulado “Lineamientos de la Comunicación Social”, cuyo objetivo es exigir uniformidad en la información gubernamental.  Se alude a problemas de incoherencia y falta de sistematización, a la vez que se solicita la difusión de una imagen única de gobierno. Con ello se evidencia el desgaste de los mecanismos de control informativo y la carencia de interés en instrumentar el derecho a una información veraz.

El sexenio de López Portillo se inicia con marcadas perspectivas de cambio en cuanto a la radio y la televisión: el Plan Básico de Gobierno promete una revisión a fondo de la función social de la información con miras a garantizar la expresión de los distintos sectores de la sociedad; el artículo sexto de la Constitución, referente a la libertad de expresión, se modifica para que el Estado garantice el derecho a la información; la reforma administrativa anuncia el fin de la multiplicidad de organismos con duplicidad de funciones para centralizar en una sola secretaría lo relativo a los medios electrónicos; la Comisión Federal Electoral invita a los ciudadanos a opinar sobre el contenido de la ley que reglamentará el derecho a la información.

Con estos antecedentes parece anunciarse la instrumentación de un proyecto gubernamental tendiente a contrarrestar sustancialmente la programación mercantil y anticultural del capital financiero que monopoliza las concesiones de radio y televisión. Parecía que efectivamente los medios de difusión masiva estaban insertos en una reforma política que pugnaría por una pluralidad de emisores.

La oposición a este proyecto gubernamental, tanto por parte de un sector retardatario de la misma burocracia política como de los empresarios de los medios informativos, detiene las reformas anunciadas.

En lugar del proyecto delineado en los documentos mencionados, el Estado comienza a desarrollar una política de difusión masiva caótica y contradictoria, que manifiesta la división existente dentro del grupo gobernante.

En los primeros tres años del sexenio 1979-1982 es notorio que no hay consenso sobre la directriz que debe seguir la televisión estatal:  en este lapso el canal 13 cambia de dirección en cinco ocasiones.

Tampoco hay definición en lo relacionado con la política general de difusión masiva, prueba de ello es que la reforma administrativa se realiza sólo en el papel: tras centralizarse lo relativo a medios masivos en la Secretaría encargada de la política interna –y  no en la de Educación Pública si los medios fuesen considerados como de educación informal y no como medios de control político- se vuelve a dar vida a los organismos que antiguamente tenían ingerencia en los medios. En un principio se le otorga a la Secretaría de Programación y Presupuesto el papel  de cabeza de estas dependencias y organismos, a través del Consejo Nacional de Comunicación Social. Posteriormente, para fines de 1978, será la Secretaría de Gobernación la que convoque a reuniones para definir e instrumentar la política informativa del régimen.

En contraposición al caos informativo que reina dentro del gobierno, se levanta más definida y sólida que nunca la política informativa del capital monopólico internacional. Con una definición de objetivos y una organización cada vez más precias continúa diseñando las pautas culturales e informativas que son difundidas no sólo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional sino entre los grupos de habla hispana residentes en los Estados Unidos.

Ante la situación que priva en los medios de difusión masiva, la oposición ha guardado silencio. Parte de la izquierda emite, esporádicamente, críticas apocalípticas sin aporte alguno.

ALTERNTIVA  ESTATAL ANTE LA PRESIÓN EMPRESARIAL

La historia de la radiodifusión mexicana es la historia del arraigo del capital monopólico en los vehículos ideológicos más importantes de la sociedad de masas. Reformar este rumbo histórico con miras a modernizar el actual sistema político fue el objetivo de la fracción progresiva que propuso modificar el artículo sexto constitucional.

El proyecto de dicha fracción se delineó con claridad en el Plan Básico de Gobierno 1976-1982 y se comenzó a instrumentar al garantizar en la Constitución el derecho a la información. El siguiente paso es la elaboración de una ley que lo reglamente.  Sus lineamientos generales fueron expuestos por el secretario de Gobernación y coinciden con el Plan Básico. Para su enriquecimiento, se convocó a la ciudadanía para que públicamente expresara sus  opiniones ante la Comisión Federal Electoral.

La oposición a este proceso ya iniciado se manifestó en la prensa de derecha y en la televisión privada durante las primeras semanas de 1979. A ello siguió una nueva presión empresarial similar a las que se dieron en 1960, en 1969 y en 1973, casos que mencionamos en su oportunidad. La actual presión ha detenido el avance de las reformas que comenzaron con la modificación constitucional.  Los medios de difusión masiva son un escenario más que corrobora la abierta actuación del capital monopólico internacional en nuestro país.

La fracción gubernamental que elaboró el proyecto tendiente a que el Estado mexicano asumiera un papel rector en los medios informativos, recreativos y educacionales, no sólo busca el control de éstos por ser portadores de pautas culturales sino porque los medios de difusión masiva resultan hoy indispensables para el ejercicio del poder político y para le legitimación social de todo Estado.

Si bien es ésta la finalidad que los ideólogos de la reforma política buscan para los medios de difusión, no son de ninguna manera despreciables las propuestas para la política informativa nacional contenidas en el Plan Básico de Gobierno, en el sentido de respetar el pluralismo ideológico, dándole canales de expresión a partidos políticos, sindicatos, asociaciones de científicos,  profesionales, artistas y agrupaciones sociales.

De instrumentarse esta propuesta, la clase obrera tendría acceso permanente  a la radio y la televisión, para configurar sus propios mensajes transmitiéndolos a través de los canales y tiempos gubernamentales. Esto, es el marco del monopolio informativo, sería una avance considerable, pues abriría fisuras en el mensaje de la clase dominante que en estos momentos de difunde como mensaje único.

Podríamos plantear numerosas proposiciones para democratizar los medios de difusión masiva, pero en estos momentos en que se está quedando desplazado un proyecto gubernamental que facilita la expresión de todos los sectores sociales, lo menos que puede proponérsele a un  Estado que se precie de ser aún el depositario del poder político es que instrumente su propio  Plan de Gobierno.

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*Fátima Fernández Christlieb, “Panorama de los medios informativos al inicio de la Reforma política” en México, hoy, Pablo González Casanova y Enrique Florescano (coords.), Siglo XXI, México, 1983, p. 343-347.