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Guillermo González Camara es
aquel dedicado ingeniero que los orgullosos nacionalistas mexicanos presumen
como quien inventó la televisión a color. En efecto, desde temprana edad se
dedicó a la electróncia, llegando pronto a interesarse por la TV –proyecto de
su carreta. A lo largo de ésta supo acercarse a quienes tenían las herramientas
para desarrollar ese medio en el país, asociándose así en un momento con
Gobernación, de donde sacaría excelentes resultados y favores, para después
encontrar cabida en las grandes arcas de los capitales privados que poseían la
mediática nacional, específicamente los Azcárraga.
El jueves 25 de marzo de 1948,
Camarena declaró al Excélsior que “(…) la inversión en sus experimentos [había]
sido incalculable Se debe a don Emilio Azcárraga el apoyo económico recibido
(…)”. Además, recordemos que la XEW había promocionado la exposición de la
televisión ese día con anuncios en varios de los periódicos de la ciudad, por
que lo que la asociación entre el ingeniero
y el empresario huelga ser subrayada.
Azcárraga Vidaurreta es el abuelo
del linaje, hasta ahora integrado por tres Emilios, de la televisión mexicana.
Su suegro fue quien se interesó, a partir de los estragos que la Revolución de
1919 causara a su Milmo National Bank of Laredo, por la incipiente industria
radiofónica, en la cual Azcárraga Vidaurreta ingresaría hacia los años veinte,
para posteriormente fundar la XEW y la XEQ.
La visión empresarial de la radio
en esos años, dominada pro la corporación Azcárraga, es un eminente reflejo del
lugar donde nace la televisión y la forma que ésta adquiriría a partir de su
carácter comercial. La política estatal en la década de los cuarenta, y al
menos hasta el término del sexenio alemanista, se caracterizó por el abandono
de cualquier intento de control efectivo sobre la radiofonía, dándose un
incremento en los apoyos económicos a la misma en su sector privado. Esto
implicó que estos radiodifusores obtuviesen un importante espacio de
intervención estatal, por lo menos en cuanto a medios se refiere. Paralelamente,
las innovaciones en la tecnología mejoraron las condiciones de las empresas y
sus ganancias subieron. Los marcos legales en materia de esa década fueron
destinados a beneficiar a esas corporaciones.
Su intervención política llegó a
tal profundidad que hubo un momento en el cual el gobierno terminó por
subordinarse a ellos con tal de ser beneficiados con un poco de espacio
radiofónico para poder anunciarse. La sociedad establecida entre las estaciones
de Azcárraga y empresas estadounidenses, como la NBC y la CBS, permitieron que
el empresario comenzara a incorporar en su emporio pequeñas radiodifusoras
alrededor del país carentes de los beneficios brindados por las grandes
trasnacionales en momentos de crisis posbélica. Sin embargo, la inicial
dependencia de México a las compañías extranjeras se disolvería cuando el grupo
Azcárraga consiguiera involucrar a las naciones latinoamericanas en sus lógicas
político-comerciales.
El gran proyecto que revela no
sólo la trascendencia de fronteras del poder de Azcárraga sino el discurso
desde el cual se estructura la mediática en el país durante la segunda mitad
del siglo XX es la Asociación Interamericana de Radiodifusión (AIR). Ésta
comenzó a configurarse en 1944 durante los encuentros internacionales de
empresarios de los medios, pero se consolido hasta 1946 con el I Congreso Interamericano de
Radiodifusores, celebrado en México bajo el auspicio de Ávila Camacho. Su
intención era agrupar en la misma operacionalidad todas las emisoras
latinoamericanas siguiendo el esquema de Estados Unidos, lo cual permitiría una
mayor interacción internacional que facilitaría apoyos e intercambios benéficos
para la mayoría, aunque en realidad mejor le iría a quien más produjese, en
este caso México, sede del Cómite Permanente de la AIR. Sus pretensiones iban
tan lejos que pensaban ser reconocidos por organismos internacionales de
grandes influencias políticas, como la UNESCO, la ONU, la UIT y la Unión
Panamericana (antecesora de la OEA).
El planteamiento central de la
AIR, que, como se ha dicho, es en sí el discurso empresarial de los medios en
esos años y la base de lo que le siguió, se ordena mediante un conjunto de
conceptos empleados desde mucho tiempo atrás en la historia mexicana, y
probablemente en el mundo, para validar prácticas específicas al interior de
nuestras sociedades. Tres de esas categorías son democracia, libertad de
expresión y cultura; los vemos entretejidos en las conocidas 12 Bases de la
AIR, lista de puntos lograda en Buenos Aires en julio del 48, aunque elaborada
en su esqueleto desde el Primer Congreso de octubre de 1946. “Según la AIR, la
radiodifusión debía ser entendida como una ‘actividad privada´(…)”, cuyos
interés se centraba en la solidificación de la democracia y la “elevación
cultural” de los pueblos. El carácter de interés público y su indispensable
libertad requerían, según la argumentación de los empresarios, de la no
intervención estatal; el papel del gobierno habría de limitarse a evitar o
sancionar la interferencia de las transmisiones –labor que le sería asignada al
Poder Judicial-, comprobar casos de abuso de la libertad de expresión –mismos
que no correrían a cargo de la emisora a menos que fuese personal permanente de
ésta el que cometiera el exceso- y verificar la efectiva utilización de las frecuencias
concesionadas. Además de estas restricciones, el Estado sólo debería utilizar
estos canales en caso de informes oficiales, restablecimiento del orden durante
emergencia o para dirigirse a la nación. De la misma forma, las concesiones de
transmisión tenían que ser otorgadas por gobernación sin fecha de expiración y
las empresas que de ellas se beneficiasen podrían gozar de la condonación de
impuestos en la tenencia, importación y reparación de tecnología radiodifusora.
Las emisoras que el Estado pudiese tener no serían facultadas con el derecho de
transmitir anuncios comerciales que compitieran con las estaciones privadas.
A grandes rasgos, estas pautas
modelan la política que los empresarios privados enarbolarían, tristemente
aceptada por el gobierno mexicano. Con algunas excepciones y conflictos de por
medio, fue una forma de operar a partir de la cual se consiguió agrandar el
poder empresarial en el continente, beneficiando así al capital estadounidense
–modelo de la estructura empresarial de los medios en nuestro país.
Consecuentemente, la influencia de la radiodifusión europea, en particular la
inglesa, fue combatida, pues sus formatos no correspondían a las ambiciones
capitalistas de las empresas locales; incluso se llegó a estructurar desde la AIR
un ataque frontal a la posible intervención de la British Broadcasting Company
(BBC) en América, pues se trataba de una corporación que, aseguraba la AIR,
fomentaba el monopolio estatal.
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*Juan Aurelio Fernández MezaJuan Aurelio Fernández Meza. "Fallas de origen". Historia del encuentro entre la sociedad y la televisión mexicana, 2010, Tesis para la licenciatura de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 31 y ss.
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